El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará este lunes con el inicio del alegato de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión.
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan al exfuncionario, expondrán ante el Tribunal Oral Federal 2 desde las 9.30 de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se prevé que el alegato se extienda al menos por las jornadas del lunes y martes, explicaron fuentes judiciales.
De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada», por su calidad de organizador y por administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
La misma pena se pidió para los también acusados exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sexta en el listado programado de alegatos de las defensas, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel, al igual que para el empresario Lázaro Báez.
La defensa de De Vido tiene como máximo tres días para exponer su alegato en el debate que se realiza lunes, martes y viernes.
Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la Vicepresidenta en inmediaciones de su casa cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.
El ataque ocurrió en medio de una de las manifestaciones de apoyo a la expresidenta que se sucedieron hasta ese día en adyacencias de su casa del barrio de Recoleta desde que fue acusada en este juicio por los fiscales como supuesta organizadora de asociación ilícita agravada y defraudación fraudulenta.
Los alegatos de las defensas
Los tres defensores que expusieron hasta ahora ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso reclamaron la absolución de sus clientes, todos exfuncionarios que actuaron en Santa Cruz durante el período investigado, que va de 2003 a 2015.
Hasta el momento los únicos que hicieron uso del derecho a ir de manera presencial a Comodoro Py 2002 para hablar de cara a los jueces en la sala de audiencias fueron el expresidente de la Administración General de Vialidad de esa provincia Héctor Garro y su abogado Mariano Fragueiro Frías.
Quienes lo siguieron en los alegatos, los abogados defensores de Mauricio Collareda y Mario Daruich, ambos ex funcionarios de Vialidad, expusieron de manera virtual.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario y también acusado Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones», entre otras que adquirió en ese período.
Al igual que los restantes acusados, tanto la Vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.
El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la Vicepresidenta ampliara su declaración indagatoria.
El martes 6 será el turno del alegato del también exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado «distrito 23» en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.
A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para De Vido, José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.
(Télam)
