La Cámara Federal de Casación resolvió que el tribunal oral que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad no intervendrá en una causa conexa en la que se investiga a las empresas del Grupo Gotti por presunto “lavado”.
En un fallo unipersonal, el juez Mariano Borinsky consideró que el “lavado” es un delito autónomo, que debe ser juzgado de manera independiente del “delito precedente”, que originó el dinero y los bienes ilegales a los que se busca darles apariencia de legalidad.
Borinsky, el juez de las visitas a la quinta de Olivos para jugar al paddle con Mauricio Macri, coincidió con el dictamen del fiscal Mario Villar y asignó la Causa Gotti –cuyo principal imputado es el financista Ernesto Clarens- al Tribunal Oral Federal número cinco.
Ese tribunal está integrado por los jueces Daniel Obligado, Fernando Canero y Adriana Palliotti.
En ese expediente se investiga si el Grupo Gotti, dedicado a la construcción y contratista de obra pública, lavó fondos del empresario Lázaro Báez y Austral Construcciones provenientes de la asignación de obra pública.
La obra pública de Santa Cruz -que está siendo juzgada por el tribunal oral federal número dos y tiene a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al propio Báez-, es el “delito precedente” generador del dinero que supuestamente se “lavó” a través de Gotti Hnos.
Los jueces del Tribunal número cinco sostenían que los mismos jueces que están juzgando la Causa Obra Pública de Santa Cruz, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, debían celebrar también el juicio oral por el supuesto lavado de esos fondos obtenidos de manera presuntamente ilegal.
