La asociación Consumidores Libres advirtió que el aumento en las tarifas de gas que propusieron las empresas es «incompatible con la situación de emergencia social» que atraviesa el país.
«El aumento tarifario, que oscila entre el 300% y 700%, resulta incompatible con la situación de emergencia social en la que nos encontramos», sostuvo la entidad, que participó de la audiencia pública convocada por el Gobierno para tratar el régimen tarifario transitorio del servicio público de gas que se aplicará desde febrero.
«La audiencia pública no puede cumplir su cometido puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión. Sólo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del Enargas», alertó Ariel Caplan, apoderado de la organización, que estuvo presente en esa audiencia.
Según el letrado, «tampoco se pudo ver el proyecto de adecuación tarifaria transitoria elaborado por la autoridad
pertinente, que se encuentra elaborado y oculto, ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta adecuación».
En este contexto, Consumidores Libres presentó un documento en rechazo a las medidas propuestas de distribuidoras y
transportistas, con -entre otros- los siguientes puntos:
— Oposición a la aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual.
— Exigir que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo y su ulterior
incidencia en las tarifas.
— Se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad.
— Solicitar que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios, tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales.
— Solicitar que los aumentos se realicen exclusivamente sobre los cargos variables, sin incrementar los fijos.
— Se exija la renuncia de las empresas prestatarias a cualquier reclamo al Estado por la aplicación del régimen tarifario
transitorio considerado en la audiencia pública.
— Se garantice un adecuado nivel de servicio y se resguarde la salud y seguridad de los usuarios.
— La eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales.
— Se consideren los ingresos y utilidades de las subsidiarias de las prestadoras a los efectos de analizar la ecuación económico financiera de los contratos, cuando las subsidiarias fueron conformadas con los ingresos y recursos de las licenciatarias, como es el caso de Metroenergía en relación a Metrogas.
— Oposición a que se considere al “gas natural no contabilizado” (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras, por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del operador.
