Con una inflación que tocó 6,6% en febrero y alcanzó 102,5% interanual, el Gobierno admitió hoy que el número fue “malísimo”. Así lo dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su tradicional conferencia de los jueves.
Sin embargo, planteó que las variables macroeconómicas están “absolutamente bajo control”, por lo que no se debería haber registrado este impacto tan grande. De todos modos, justificó esta avanzada por la sequía, que elevó el precio de la carne, y también por la suba de los lácteos.
“El número de inflación obviamente nos parece malo, malísimo, y además no era lo esperado”, aseguró Cerruti esta mañana. Pese a eso, no hizo ningún anuncio con el fin de atacar el indicador y ratificó el rumbo que ya marcó la Casa Rosada.
“El Gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando los precios. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. Hay una explicación. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, planteó como motivo oficial para el registro de 6,6% determinado por el Indec el martes pasado.
También destacó, que en los precios controlados por el Ministerio de Economía, a través de acuerdos con los distintos sectores, el aumento no superó el 5%; y sumó a los lácteos y la carne el impacto de los precios de las telecomunicaciones en la cifra final, con dardos hacia la Justicia y parte de la prensa.
“Las empresas de telefonía y cable, y las empresas de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada cuando están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto que determinaba que eran servicios públicos y que debían ser regulados los precios”, sostuvo.
Se quejó, entonces, por la “posibilidad que se le está negando” al Estado para controlar este sector “indispensable”, según sus consideraciones. “El Gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, planteó.
