La Policía dispersó el miércoles con bombas lacrimógenas a cientos de manifestantes que exigían en la capital de Perú la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, presionada por protestas que se han centralizado en la ciudad bajo el lema la «Toma de Lima», en desafío al estado de emergencia.
Manifestantes antigubernamentales, principalmente de las regiones del sur de Perú, llegaron a Lima para realizar una protesta y un paro nacional el jueves, luego de una seguidilla de violentos enfrentamientos que en el último mes han dejado al menos 42 muertos, entre ellos un policía.
La policía elevó esta semana la vigilancia de las carreteras de ingreso a Lima tras la partida desde distintas regiones del interior del país de buses con manifestantes hacia a la ciudad, que suspendió sus festejos por los 488 años de su fundación.
«No queremos más muertes, no queremos más heridos, basta de sangre, basta de enlutar a las familias del Perú», dijo a periodistas el ministro de Interior, Vicente Romero, en una invocación para que las protestas se realicen de forma pacífica.
En las protestas se demanda además el cierre del Congreso, una nueva Constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso.
Además de las decenas de muertos en choques con la policía, otras 9 personas han fallecido, una de ellas el miércoles, en accidentes de tránsito relacionados con las manifestaciones.
El representante de la Defensoría del Pueblo de la región norteña de La Libertad, José Luis Aguero, dijo al diario local La República que una mujer de 51 años murió por un paro cardíaco porque no fue atendida rápido debido al bloqueo de una vía.
Asimismo, una adolescente gestante no llegó a tiempo a un hospital por otro bloqueo y «su neonato de 28 semanas» falleció.
Manifestantes en la universidad
Boluarte, que ha pedido «perdón» por las recientes víctimas y reafirmado que no va a renunciar, amplió la semana pasada por 30 días más el estado de emergencia para Lima y las regiones de Puno y Cusco, que han sido focos de las protestas.
La emergencia, que restringe derechos como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, faculta a las fuerzas armadas a ayudar a mantener el orden público.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.
En tanto, estudiantes de la estatal Universidad de San Marcos tomaron parte de la casa de estudios y dejaron ingresar en la madrugada del miércoles a decenas de manifestantes que habían llegado a la ciudad, según la televisión local.
«El motivo es centralizar todo este movimiento aquí en Lima, que es el corazón de Perú, para ver si se conmueven, dijo Domingo Cueva, un manifestante dentro de la universidad. «El objetivo es sensibilizar a Lima, porque Lima no es el Perú».
La Federación Universitaria de San Marcos solicitó por Facebook ayuda a la comunidad estudiantil y público en general con donaciones «para cubrir con la alimentación y alojamiento de nuestros compañeros que se encuentran en pie de lucha».
En el distrito de Pucusana, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, un cordón policial detuvo a decenas de vehículos para un control de sus ocupantes, según imágenes de la televisión local y publicaciones en las redes sociales.
En la noche del martes, la policía se enfrentó en el centro de Lima con cientos de manifestantes que llegaron en los últimos días del distrito de Chota, de la región de Cajamarca, donde nació y vivió Castillo antes de llegar a la presidencia.
(Reporte de Marco Aquino. Reporte adicional de Anthony Marina y Alfredio Galarza de Reuters TV. Editado por Javier Leira y Marion Giraldo, Reuters)
Escrito por Adrián Rodríguez
NA – Buenos Aires, Argentina
