Perú decretó el martes un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, donde un policía murió quemado por una turba después de que 17 civiles fallecieran en protestas el día anterior, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
La región de Puno se puso de duelo hasta jueves por la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país, principalmente en el sur andino.
El Ministerio de Interior confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno a un vehículo de las fuerzas de seguridad en la madrugada del martes. La unidad fue incendiada. Otro policía quedó herido.
El primer ministro, Alberto Otárola, dijo en un discurso en el Congreso que el Gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de «violentistas» financiados con dinero «oscuro» de la minería ilegal y el narcotráfico.
«Unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional», dijo el ministro. «Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia», agregó.
El jefe del gabinete de Gobierno informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno «por el plazo de tres días, desde las 20 (local) hasta las 4».
Otárola acudió con su gabinete de ministros al Congreso dominado por partidos conservadores, en busca de un voto de confianza, un requisito constitucional y tradicional para permanecer y liderar un nuevo equipo de Gobierno.
Policía murió calcinado en Perú
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos en la víspera en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de «rebelión», cargo que el exmandatario niega.
La firma de mercado BTG Pactual dijo el martes que los recientes disturbios en Perú tendrán un impacto negativo en los sectores de servicios y turismo del país, y en cierta medida, en la actividad minera del segundo productor de cobre del mundo.
«Por el momento, el principal riesgo es la interrupción de la carretera, que afecta la entrada y salida de consumibles y, en cierta medida, minerales, según la duración de las interrupciones», indicó la firma en un comunicado.
Raúl Alfaro, comandante general de la policía de Perú, dijo a periodistas que el vehículo policial en la que se trasladaban los dos agentes fue «emboscado» por un grupo grande de personas. Tras ser reducidos, ambos fueron golpeados por la turba, afirmó.
«Le quitaron sus armas de fuego, los han vejado», dijo el oficial. «Uno de ellos pudo escapar, el otro no pudo hacerlo y la turba acabó con su vida, lo han quemado vivo», refirió Alfaro en el aeropuerto militar de Lima, donde llegó el policía herido con múltiples golpes en la cabeza en el ataque de Puno. «Hay muchas personas que están azuzando este tipo de violencia indiscriminada sin justificación racional», agregó.
Las protestas en Puno continuaron hasta la noche del lunes, con saqueos de algunos negocios, según las autoridades locales.
Asimismo, manifestantes prendieron fuego en la víspera a la vivienda del legislador Jorge Flores, representante de Puno por el partido derechista Acción Popular. El congresista denunció en la red social Facebook que él y su familia han sido amenazados.
Investigan a Boluarte
El Ministerio Público de Perú informó el martes que abrió investigación preliminar contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» cometidos durante las protestas de diciembre y enero.
Las pesquisas preliminares a cargo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluye también al primer ministro Otárola, a los ministros de Interior y de Defensa, y a otros dos funcionarios que estuvieron hace poco en el gabinete.
Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino. Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Líderes de las protestas en el sur dijeron que están preparados para una lucha «indefinida» contra el Gobierno, una situación que amenaza con más inestabilidad en la nación.
La Organización de las Naciones Unidas en Perú dijo el martes en un comunicado que lamentaba las muertes y exhortó a las autoridades y fuerzas de seguridad del país andino a respetar los derechos humanos ante las manifestaciones.
«Desde la ONU Perú reiteramos nuestro compromiso y disposición para apoyar al país en la mediación y generación de procesos de dialogo», dijo el organismo.
Aunque no se registraban más disturbios, el aeropuerto de Juliaca permanecía cerrado el martes. Y en la región andina de Ayacucho se suspendió también la operación de su aeropuerto por medidas de seguridad, dijo el Ministerio de Transporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que realizará una visita a Perú del miércoles al viernes de esta semana, recorriendo Lima y otras ciudades para evaluar la situación en el país sudamericano.
(Reporte de Marco Aquino. Editado por Manuel Farías y Marion Giraldo, Reuters)
Escrito por Noticias Argentinas
NA – Buenos Aires, Argentina
