El pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema impulsado por el Frente de Todos ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y se dieron a conocer las pruebas que buscará producir el oficialismo, así como las citaciones a testimoniales que planteó.
La presentación cuenta con un total de 410 páginas, de las cuales tres cuartos corresponden a documentos respaldatorios del planteo como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, fallos del máximo tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.
El proyecto contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue introducido en la Cámara baja por quince diputados del Frente de Todos: Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marin, Mabel Caparros, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
Los legisladores acusaron a los magistrados de «mal desempeño» y plantearon: «Dicha causal no se halla definida en la manda constitucional, motivo por el cual debe ser el Congreso de la Nación quien interprete su alcance».
Algunos de los hechos que mencionan para fundamentar el proceso de juicio político son los fallos de la Corte para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor; para modificar el Consejo de la Magistratura; en la disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Nación; «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN); declaraciones de Rosatti que «buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo» y su supuesto vínculo con el Gobierno porteño, en base a chats filtrados; entre otros.
Además, se formalizó la solicitud para que sean citados a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja los cuatro miembros de la Corte Suprema, así como también se detalló el enorme listado de testigos que pretenden que sean convocados para declarar.
Entre los posibles declarantes se destacan el director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; los gobernadores que impulsan el juicio político; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el jurista español Baltazar Garzón; funcionarios del máximo tribunal; y organismos de derechos humanos.
También proponen que se libren oficios para que se puedan realizar entrecruzamientos de llamadas.
Los diputados del Frente de Todos remarcaron que «el juicio político es un instrumento de la más alta jerarquía que la Constitución contempla para destituir funcionarios públicos por el mal desempeño de sus cargos». «Sin buen desempeño no puede existir eficazmente la regularidad instituida por la Carta Magna de todos y todas las argentinas», subrayaron.
Y añadieron: «La Comisión de Juicio Político se halla ante una enorme responsabilidad, surgida del artículo 53 de la Constitución Nacional. En consecuencia, al tomar conocimiento de la probable existencia de una causa de responsabilidad respecto de los miembros de la Corte Suprema debe abocarse al estudio de las imputaciones realizadas. Ello sin menospreciar la seriedad que el proceso de juicio político exige, pues se trata de una delicada decisión de gobierno: la de mantener o remover de su cargo a un Juez del Máximo Tribunal de la Nación».
