La defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Obra Pública negó una reunión con el empresario Lázaro Báez para organizar el «plan limpien todo», denunciado por los fiscales como parte de la presunta maniobra para ordenar la salida del gobierno en noviembre de 2015 borrando las huellas de la supuesta asociación ilícita por la que la acusa.
En la segunda jornada del alegato, el abogado Carlos Alberto Beraldi señaló errores, contradicciones y denunció «mentiras» de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que -según su opinión- «fulminan la acusación».
Sobre la supuesta reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el defensor refutó la descripción de la fiscalía, quien había definido que el 30 de noviembre de 2015 fue el «día clave» en la supuesta operatoria ilegal, que el fiscal Luciani dio por probado por un viaje de la hoy vicepresidenta a Santa Cruz, que quedó documentado por «un vuelo rasante y peligroso» del avión Tango 01.
Beraldi demostró, con un artículo del diario La Nación, que ello no ocurrió el 30 de noviembre sino el 29, pero además se anticipó a un eventual cuestionamiento sobre que efectivamente el día señalado por la fiscalía Cristina Kirchner estaba en Santa Cruz y pudo haberse reunido con Báez.
El abogado exhibió un video en el que se ve a la ex mandataria realizando actividades durante toda la jornada, que concluyeron en un acto público, en la provincia de Río Negro, en Bariloche y Pilcaniyeu.
Con la misma tónica de la víspera (exhibir el video con la acusación de los fiscales y contrarrestarlo con documentos y testimonios obtenidos durante el juicio), Beraldi desmintió la imputación sobre la decisión de realizar en Santa Cruz «obras por convenio» para darle un viso de legalidad a algo que, según la fiscalía, era ilegal.
Beraldi exhibió que la Dirección Nacional de Vialidad celebró cientos de convenios para delegar la construcción de obras públicas en todas las provincias, pero además recurrió al testimonio del empresario Juan Chediack, uno de los más importantes adjudicatarios de contratos con el Estado.
Ante la pregunta sobre si Vialidad Nacional realizaba convenios con vialidades provinciales, respondió: «es una operatoria muy común en todas las provincias y a lo largo de la historia».
Allí donde los fiscales señalaron un mecanismo excepcional para «diluir responsabilidades» en el «saqueo» denunciado a las arcas del Estado, Chediack y otros testigos señalaron que se trataba de una práctica habitual e histórica, en la que -además- Santa Cruz estaba «en un tercer nivel».
Más aún, citó el testimonio de Ricardo Skoda, titular de asuntos jurídicos de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos y uno de los que -según Beraldi- «armó la denuncia», quien consultado sobre la operatividad del organismo en Santa Cruz reconoció: «no tenemos campamentos, salvo en Río Gallegos. Vialidad provincial tenía muy buenos campamentos en la provincia».
Beraldi también refutó las antiguas acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner, y recordó que hubo una «decisión judicial» que descartó tal hipótesis que «sólo se alimentó por denuncias públicas».
«La decisión judicial puede gustarles o no, pero es una decisión judicial. Hay dirigentes políticos que cuando van a las elecciones no les va bien, entonces hacen política haciendo denuncias. Pierden de manera escandalosa pero tienen espacio en los medios de comunicación a través de las denuncias», subrayó Beraldi.
Además, le señaló al tribunal una contradicción entre el rechazo a unificar todas las causas por presunta corrupción durante el kirchnerismo y la incorporación de prueba a último momento en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
En ese sentido, Beraldi recordó que cuando propuso unificar todas las causas, el tribunal, en el marco del expediente conocido como Los Sauces, rechazó esa posibilidad argumentando que había un «plexo probatorio individual», es decir que la prueba producida en un proceso no podía incorporarse sin más para ser utilizada en otro.
Sin embargo, a la hora del alegato fiscal, el tribunal aceptó que se incorporara prueba producida durante el juicio contra el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en la causa por enriquecimiento ilícito derivada de los bolsos con nueve millones de dólares que le fueron secuestrados, concretamente información recabada de su teléfono celular.
Esa prueba no figuraba en la Causa Vialidad, pero el tribunal aceptó su utilización para la acusación fiscal argumentando que había «comunidad probatoria».
Beraldi rechazó también la acusación sobre una presunta «exportación» de funcionarios de Santa Cruz para conformar a nivel nacional la asociación ilícita por la que acusa a la vicepresidenta.
«La designación de un funcionario no puede generar una responsabilidad por lo que el funcionario haga», advirtió, y -acto seguido- desafió a que se les preguntara a los testigos que declararon en el juicio si habían recibido «órdenes» desde las altas esferas del gobierno para favorecer a Lázaro Báez.
Allí exhibió una decena de testimonios de empleados, ingenieros, profesionales contables y auditores de Vialidad Nacional y provincial que negaron haber recibido tales instrucciones.
En el tramo final de la exposición que inició a las 9 de hoy, Beraldi también aclaró las circunstancias de la renuncia de Roberto Lavagna, ex ministro de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La fiscalía denunció que Lavagna había sido echado del gobierno después de denunciar la supuesta cartelización de la obra pública y relacionó ese episodio con los hechos investigados en Santa Cruz.
Beraldi exhibió la propia declaración de Lavagna en el juicio, de la que surge que «la denuncia no tiene que ver con esta causa» y además, tuvo tratamiento judicial y «fue archivada por la justicia».
Pero la defensa de la vicepresidenta también refutó la afirmación de la fiscalía en el sentido de que ante la denuncia del ministro, el ex presidente Kirchner «no hizo nada».
Beraldi difundió el tramo de la declaración de Lavagna en la que explicó que tras su renuncia hubo una actuación administrativa dentro del gobierno, por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia.
«Cuando intervienen la Comisión de Defensa de la competencia no debe haber interferencia porque cualquier denuncia judicial posterior puede caerse por intervención de gente ajena. El camino era que el secretario de Estado del área encomendara el trabajo a Defensa de la Competencia y de ahí en más, la autonomía de esta comisión para proceder», explicó Lavagna.
«Pretenden hacer creer que Néstor Kirchner no hizo nada cuando en realidad no podía hacer nada más que dejar actuar a la Comisión de Defensa de la Competencia, que fue lo que hizo», sentenció Beraldi.
El alegato pasó al mediodía a un cuarto intermedio de media hora.
