En las últimas semanas se intensificó el conflicto sindical en el sector de la seguridad privada en la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de la negociación paritaria de la actividad. La disputa involucra a toda la actividad nucleada en la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), entidad representativa del sector empresario en la negociación colectiva.
El eje del conflicto radica en la negativa del Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) a suscribir el acuerdo salarial alcanzado en el ámbito paritario. De las seis organizaciones sindicales con representación en la actividad, cinco ya firmaron los acuerdos dentro de las condiciones económicas actuales del país, mientras que el SSIP se mantiene como la única organización que no lo ha hecho.
Desde el sector empresario señalan que las demandas planteadas por el sindicato se encuentran alejadas de la realidad económica actual de la actividad y del contexto macroeconómico nacional. Asimismo, sostienen que la reiteración de medidas de fuerza en las últimas semanas excede el marco habitual de una negociación laboral y responde a motivaciones de carácter político, utilizando a los afiliados como herramienta de presión en una disputa que impacta sobre la prestación de servicios esenciales.
Durante las jornadas de protesta, además, se registraron episodios de agresiones verbales y situaciones de aprietes hacia trabajadores que decidieron concurrir a sus puestos de trabajo, hechos que desde el ámbito empresario calificaron como inaceptables y contrarios al normal ejercicio de los derechos laborales individuales.
Ante esta situación, el 27 de febrero la autoridad laboral competente dictó la conciliación obligatoria por el término de quince días, lo que implica la suspensión de las medidas de acción directa y la apertura de una instancia formal de diálogo entre las partes.
Desde la Cámara remarcaron que la actividad de la seguridad privada es intensiva en mano de obra y que más del 80% de su estructura de costos está vinculada a salarios, cargas sociales y obligaciones laborales, por lo que cualquier modificación salarial impacta de manera directa en el precio final del servicio.
En ese sentido, destacaron la necesidad de preservar una estructura de costos justa, sustentable y eficiente que garantice la continuidad de los servicios, el cumplimiento de la normativa laboral y la estabilidad del empleo formal, sin trasladar distorsiones que puedan afectar la previsibilidad contractual de los clientes.
Mientras se desarrolla la instancia de conciliación obligatoria, las empresas del sector mantienen activos sus protocolos de continuidad operativa para asegurar la prestación normal de los servicios de seguridad privada en la región.
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