La decisión del Gobierno Nacional de suspender por 90 días los incrementos en la medicina prepaga forma parte del paquete de alivio anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el fin de semana. Este paquete también incluye el pago de sumas fijas para empleados y jubilados. Esta medida ha generado preocupación en el sector de la salud. Los financiadores, que ya venían con aumentos autorizados que apenas seguían el ritmo de la inflación y enfrentaban dificultades por la falta de acceso a insumos, especialmente importados, ahora evalúan la posibilidad de implementar copagos e incluso recurrir a medidas judiciales.
“Hemos decidido suspender el incremento de la medicina prepaga por los próximos 90 días, para todos aquellos hogares cuyo ingreso no exceda los $2 millones”, anunció el titular de Hacienda en un video en sus redes sociales. “La idea es que el esfuerzo realizado por los trabajadores y el Estado se vea reflejado en una atención de salud que no afecte el bolsillo del trabajador”, agregó.
La noticia, según fuentes del sector, fue inesperada. Los empresarios no habían sido previamente informados ni consultados, y tras el anuncio, se vieron enfrentados a la perspectiva de un congelamiento de sus ingresos en los próximos meses, mientras sus costos continúan aumentando, al menos, al ritmo de una inflación creciente.
La Confederación Unión Argentina de Salud–UAS, la entidad de tercer grado que nuclea a la mayoría de las Cámaras y Federaciones que a su vez agrupan a entidades que prestan servicios de salud a más del 70% de los argentino, está preparando una reunión inminente por este tema.
“Una suspensión transitoria de aumentos no resuelve –peor aún, agrava– el problema del financiamiento del sistema de salud”, destacaron desde una de las prepagas más importantes del país y destacaron que los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes. El sector habla de una crisis ya existente que se acrecienta aún más con este contexto.
“Las prepagas trasladaban automáticamente el 92% de sus aumentos a los prestadores. Con esta medida, no habrá aumento de aranceles a los sanatorios y centros ; tampoco habrá aumento de honorarios profesionales, lo cual profundizará el retraso de lo que cada profesional debe ganar. Se producirán problemas gremiales ante la imposibilidad de revisar paritarias. Se intenta solucionar un problema generando otro con el consecuente desfasaje entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos, insumos, etc.”, destacaron desde esta empresa, una de las referentes del sector de la salud privada.
Todo lo anterior se va a traducir en un deterioro aún mayor del que está sufriendo el sector por un lado y la sociedad por otro. Ninguna de estas medidas declara que las empresas van a recibir alguna compensación tributaria ni de la Seguridad Social. Con los ingresos regulados y controlados y los costos prácticamente liberados estas nuevas medidas tampoco van a colaborar para mejorar la atención ni a preservar el bolsillo de los usuarios
Hasta el momento, el sector había acordado una indexación mensual por 18 meses en base a la suba del Índice de Costos o del 90% del RIPTE (salarios formales) para los que ganan menos de seis Salarios Mínimos, Vital y Móvil (SMVM). Del otro lado del mostrador, además, estaban forzadas a aumentar las tarifas que pagan a las prestadoras -clínicas, profesionales, centros de diagnóstico- por los servicios que reciben sus beneficiarios en hasta un 90% del aumento de sus ingresos por cobro de cuotas.
Siguiendo esa lógica, y sin aumentos en los ingresos por sus cuotas debido al congelamiento, ahora las prepagas creen que deberán frenar los aumentos a las prestadoras. De esa forma quedarán frenados los aumentos en los servicios de médicos, enfermeros, profesionales de diagnóstico, etc. Freno a aumentos en todos los servicios que una prepaga u obra social –las financiadoras– pagan a las empresas que prestan servicios de salud por el uso que le dan sus beneficiarios.
(Fuente: Infobae)
