La Corte de Justicia de la República (CJR), un organismo competente en Francia para investigar delitos cometidos por los miembros del Gobierno, envió este lunes a juicio al ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, por sospechas de conflicto de intereses.
Éric Dupond-Moretti es sospechoso de haberse aprovechado de su cargo de ministro que ejerce desde 2020 para ajustar cuentas con jueces con los que tuvo desencuentros durante su ejercicio como un reputado abogado penalista, acusación que él niega.
«Inmediatamente recurrimos esta decisión», indicaron sus abogados Christophe Ingrain y Rémi Lorrain a los periodistas a la salida de la CJR, precisando que la apertura de juicio se suspendió hasta que se resuelva su recurso en casación, informó la agencia de noticias AFP.
Lorrain dijo que espera que la Corte de Casación subraye las «numerosas irregularidades» que salpicaron «este caso desde hace dos años» y consideró «desleal y parcial» la posición de François Moulins, fiscal de este tribunal.
Su inculpación por la CJR, que inició en enero de 2021 una investigación por «toma ilegal de intereses» tras las quejas de tres sindicatos de magistrados y la asociación Anticor, es algo inédito para un ministro de Justicia en funciones.
Los dos principales sindicatos de la magistratura, USM y SM, lamentaron en un comunicado una situación «inédita» y apuntaron a otro eventual «conflicto de intereses», si nombra al sucesor de Molins, cuya marcha está prevista en junio.
Las relaciones de Dupond-Moretti con los jueces son públicamente difíciles. Ante los llamados a su dimisión, siempre repite que su «legitimidad» viene del «presidente y de la primera ministra, y sólo de ellos».
El presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, ya le expresó en el pasado su apoyo. «Creo que el ministro de Justicia tiene los mismos derechos que todos los justiciables, es decir, la presunción de inocencia», dijo Macron en 2021.
La CJR imputó también en septiembre de 2021 a Agnès Buzyn, exministra de Salud de Macron, por «poner en peligro la vida de otras personas», en la primera inculpación de un responsable político por la gestión de la pandemia en Francia.
