El PAMI dio de baja el convenio de distribución de pañales para sus afiliados y en una polémica licitación exprés que lleva la firma de su titular Esteban Leguizamo convalidó un contrato de u$s450 millones en tres años que implica aceptar un precio un 20% más alto que el del esquema actual.
De los cuatro oferentes, tres presentaron cartas de queja explicando que no llegaron a cotizar porque les dieron apenas seis días hábiles para armar la propuesta.
Fuentes al tanto del proceso denuncian cambios de condiciones, direccionamiento del pliego y un deterioro en la calidad del producto que recibirán los beneficiarios. Funcionarios designados por Javier Milei ya habían denunciado negociados con proveedores.
El PAMI sigue en el centro de la polémica. Todo empezó como una interna política a cielo abierto dentro del propio Gobierno, pero a los pocos días destapó una ola de presuntos casos de corrupción que ya tiene implicancias judiciales. Aún así, las derivaciones están lejos de terminarse porque una millonaria licitación exprés amplifica el escándalo y compromete a las autoridades.
Se trata de la compra y distribución de pañales, el tercer convenio más importante que tiene el PAMI, detrás de los medicamentos y las internaciones. Una adjudicación de u$s450 millones que lleva la firma del titular del organismo Esteban Leguizamo, que convalida un gasto un 20% más alto que el actual y en la que los oferentes describen una serie de irregularidades alarmantes.
De las cuatro empresas que se presentaron, tres no pudieron cotizar por el mismo motivo: los escasos tiempos, según un documento oficial al que pudo acceder Ámbito. A pesar de que la nueva modalidad implicaba un cambio abrupto en el esquema de reparto de pañales a los afiliados, el llamado a licitación se hizo el 14/04/2025 y la apertura de sobres el 25/04/2025, como en el medio estuvo semana santa, solo hubo seis días hábiles para preparar la propuesta.
Hasta ahora el PAMI entregaba unos 17 millones de pañales y apósitos por mes a través de un convenio de distribución que incluía a fabricantes, droguerías y farmacias. Por eso pagaba un total de $11.000 millones mensuales a 45 o 60 días, con la reciente licitación pagará más de $13.000 millones a una empresa de distribución y además desembolsará por adelantado un 3% del convenio, algo absolutamente llamativo para las condiciones que ofrece el Estado.
¿Pliego a medida?
En diálogo con Ámbito, fuentes al tanto del proceso licitatorio levantaron sospechas: “fue un pliego a medida, de un día para el otro cambiaron todas las especificaciones técnicas, pusieron una póliza de seguro de $25.000 millones y exigieron galpones en CABA y AMBA con capacidad para 15.000 pallets, son condiciones que no se pueden establecer en seis días, en general esto se hace como mínimo treinta días antes”.
Fuente: Diario Ámbito
